Diputados se dividen por multa de US$5 millones impuesta a Aerodom tras apagón en el AILA
La sanción de cinco millones de dólares impuesta a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) por la falla eléctrica que afectó durante casi nueve horas al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) ha generado opiniones encontradas en el seno de la Cámara de Diputados.
El incidente, ocurrido el pasado fin de semana, dejó a cientos de pasajeros varados, provocó retrasos y cancelaciones de vuelos, además de pérdidas millonarias a las aerolíneas que operan en la terminal aérea.
Varios legisladores valoraron la medida como “positiva y ejemplar”, al considerar que establece un precedente en torno a la responsabilidad que deben asumir las empresas concesionarias que administran infraestructuras críticas del país.
“Este tipo de sanciones envía un mensaje claro: las concesionarias no solo deben garantizar eficiencia en el servicio, sino también confiabilidad y seguridad en su operación. Lo ocurrido en el AILA no puede repetirse”, manifestó un diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
En contraste, la oposición cuestionó la efectividad de la multa. El diputado de la Fuerza del Pueblo, José Alberto Jiménez, aseguró que la sanción económica “no compensa los daños reales causados a los usuarios ni a las aerolíneas afectadas”, al tiempo que responsabilizó al Gobierno por no ejercer una adecuada fiscalización sobre la operación de Aerodom.
La interrupción eléctrica, que se prolongó por más de ocho horas, generó caos en la terminal, retrasando operaciones, afectando la seguridad aeroportuaria y poniendo en evidencia la vulnerabilidad del sistema energético de respaldo del aeropuerto más importante del país.
El caso reabrió el debate sobre la gestión privada de las infraestructuras estratégicas en República Dominicana.
La sanción contra Aerodom fue anunciada por el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Sin embargo, aún se desconoce si parte de esos recursos serán destinados a resarcir directamente a los pasajeros y aerolíneas afectadas.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han comenzado a exigir mayor transparencia en la aplicación de la multa y en las medidas que se adoptarán para evitar que una situación similar vuelva a repetirse en el futuro.