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Muerte de Stephora impulsa nuevas medidas en Minerd; autoridades evalúan coerción a los implicados

Por Divagna Encarnación
- 2 min de lectura

Santo Domingo. – Luego de la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión, el Ministerio de Educación emitió la Orden Departamental 63-2025, un nuevo protocolo obligatorio que sustituye la disposición anterior emitida en el 2009 para las excursiones y salidas educativas en centros públicos y privados.

La normativa de aplicación inmediata establece reglas estrictas para la organización, planificación, supervisión y aprobación de cualquier salida escolar, las que deberán estar programadas en el plan curricular del centro educativo.

Dispone que las salidas tendrán que ser solicitadas con 25 días de antelación, anexando listado de estudiantes participantes, responsables designados, itinerario, medidas de seguridad y logística de transporte.

Ordena que por cada 10 estudiantes debe haber un adulto, que en todo momento debe verificar si la actividad representa riesgo físico, mental o emocional para los menores.

La orden prohíbe actividades en playas, ríos, balnearios, piscinas o lugares similares cuando impliquen riesgo para los estudiantes, entre otras prerrogativas.

Coerción contra imputadas

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este martes la medida de coerción contra cuatro personas del instituto integral Leonardo Da Vinci, por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años.

Se trata de Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

El Ministerio Público argumentó que las cuatro imputadas actuaron con torpeza, negligencia e imprudencia extrema, incumpliendo su deber de cuidado y violando normas nacionales.

Los fiscales pidieron, para cada imputada, una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.

La menor, falleció ahogada el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar a la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, al norte de Santiago.

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