ADP y Colectivo Ciudadano critican propuesta de fusión educativa

Santo Domingo.-La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) volvió a manifestar este jueves su oposición frontal al proyecto de ley que plantea la unificación del Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al considerar que la iniciativa busca disminuir los recursos destinados al sector educativo.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, afirmó que la solución a los problemas del sistema educativo no radica en fusionar instituciones, sino en incrementar la inversión y optimizar el uso del presupuesto existente. A su juicio, la propuesta gubernamental no aporta mejoras sustanciales a la calidad educativa.

Hidalgo explicó que la ADP ha sostenido reuniones con organizaciones sociales, sindicales y del ámbito educativo con el objetivo de consensuar un plan de movilización que impida la materialización de la fusión. Indicó que distintos sectores comparten la preocupación de que la iniciativa afecte la asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación preuniversitaria.

Entre las entidades que han expresado su rechazo figuran la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted), las cuales consideran el proyecto una amenaza a una conquista histórica del sistema educativo dominicano.

“Nos oponemos firmemente a este proyecto y vamos a organizar acciones que impidan que se apruebe”, señaló Hidalgo en un comunicado, al tiempo que recordó que en enero pasado se celebró un encuentro nacional en defensa de la educación pública. De ese evento, respaldado por académicos y expertos, se concluyó que la fusión carece de estudios técnicos, análisis de viabilidad y fundamentos legales, tal como exige la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12.

El dirigente sindical también exhortó al presidente Luis Abinader a no remitir el proyecto al Congreso Nacional y propuso la apertura de un diálogo amplio con los distintos sectores sociales para fortalecer el sistema educativo sin recurrir a la unión de ambos ministerios.

Según Hidalgo, la iniciativa no cuenta con diagnósticos que demuestren su necesidad ni su factibilidad, y advirtió que su aprobación podría generar graves perjuicios operativos a los procesos que actualmente desarrollan tanto el Minerd como el Mescyt.

Asimismo, criticó que el proyecto no establece mecanismos claros para elevar la calidad educativa ni garantiza que la educación superior reciba los recursos adecuados dentro del esquema presupuestario propuesto.

La ADP reiteró que continuará defendiendo la educación pública y superior de calidad, así como la mejora y ampliación de los programas educativos existentes.

En la misma línea, Juan Valdez, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, calificó la propuesta de fusión como una burla a la sociedad dominicana y una amenaza directa al uso del 4 % del PIB. Aseguró que los estudios que sustentan la iniciativa fueron elaborados sin la participación del sector de educación básica y sin evaluaciones técnicas concluyentes.

Valdez señaló que el proyecto viola principios esenciales de la Ley Orgánica de Administración Pública, los cuales exigen criterios de racionalidad, eficiencia e investigación para justificar la fusión de instituciones estatales. Añadió que, aunque un informe elaborado en octubre de 2024 prometía divulgar estudios que avalaran la unión de ambos ministerios, dicha información aún no ha sido presentada.

El dirigente también cuestionó la modificación propuesta al artículo 197 de la Ley General de Educación 66-97, que permitiría utilizar el 4 % del PIB para cubrir las necesidades de ambos ministerios, lo que —a su entender provocaría un desvío de fondos destinados a la educación preuniversitaria.

Finalmente, Valdez subrayó que ni la Estrategia Nacional de Desarrollo, ni el Pacto Nacional por la Educación, ni la Ley de Función Pública contemplan la fusión como una condición para mejorar el sistema educativo, y advirtió que la iniciativa podría derivar en un desfinanciamiento estructural de la educación pública escolar.