Motocicletas lideran muertes en las calles: medidas que no están funcionando
En los últimos meses, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), ha impulsado una serie de medidas orientadas a mejorar la seguridad vial. Entre ellas destacan la restricción de vehículos pesados en temporadas de alta movilidad, la regulación en zonas de acceso restringido y la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030. Sin embargo, la realidad en las calles evidencia una desconexión entre la política pública y los resultados concretos.
Las acciones adoptadas tienen un patrón común: son medidas temporales o focalizadas. Se limitan a feriados, regulan el transporte de carga o se centran en procesos consultivos. Incluso iniciativas como el Pacto Nacional por la Seguridad Vial y la digitalización de multas apuntan a soluciones estructurales, pero aún se encuentran en fases de implementación o planificación. En la práctica, el problema más crítico el descontrol del tránsito cotidiano, especialmente el de motocicletas sigue sin una intervención contundente y sostenida.
El contraste con las cifras es contundente. Durante el primer trimestre de 2025, el país ya registraba cientos de muertes por accidentes de tránsito, una tendencia que no solo se mantuvo, sino que se agravó en 2026. En los primeros meses de este año, las muertes superaron las 400, con una clara predominancia de motociclistas entre las víctimas. Esto revela que, pese a las medidas anunciadas, no se ha logrado reducir el impacto real de la siniestralidad vial.
El problema radica en el enfoque. Regular camiones en feriados o limitar su circulación en zonas específicas puede reducir riesgos puntuales, pero no ataca el núcleo del problema: la informalidad del transporte, la falta de fiscalización permanente y la cultura de impunidad en las vías. Mientras tanto, prácticas como el exceso de pasajeros, la falta de casco y las maniobras temerarias continúan siendo parte del día a día sin consecuencias visibles.
Además, existe una brecha entre planificación y ejecución. El propio INTRANT reconoce que los motociclistas representan una proporción significativa de las víctimas de accidentes en el país. Sin embargo, no se observan políticas agresivas dirigidas específicamente a este sector, que incluyan control riguroso, registro efectivo, formación obligatoria y sanciones ejemplares. La estrategia actual parece más orientada a la administración del problema que a su solución.
La conclusión es clara: las medidas existen, pero no están funcionando al ritmo ni con la contundencia que exige la crisis. La República Dominicana no necesita más diagnósticos ni planes en papel, sino acciones firmes y sostenidas en el tiempo. Es momento de que las autoridades pasen del enfoque reactivo a uno verdaderamente preventivo y estructural. Porque mientras las decisiones no se traduzcan en cambios reales en las calles, las motocicletas seguirán liderando no solo el tránsito, sino también la lista de muertes evitables en el país.