Cuando cambia la gestión, ¿también debe cambiar todo? El costo de abandonar proyectos que funcionan
Contenido
- El problema de que cada gobierno quiera dejar su propia marca
- El costo no siempre aparece en el presupuesto
- Las casas de acogida: cuando la continuidad tiene un rostro humano
- ¿Por qué no continuar lo que funciona?
- Pero precisamente por eso debería existir una evaluación.
- El gobierno debería competir por resultados, no por autoría
- El Estado no puede empezar de cero cada cuatro años
- Efectos economicos
La interrupción de obras y programas de una administración anterior puede responder a nuevas prioridades, pero también puede revelar un problema de continuidad institucional y de incentivos políticos
Cada cuatro años, los ciudadanos eligen un nuevo gobierno con la expectativa de que sus autoridades corrijan lo que consideran necesario, impulsen nuevas políticas y respondan a las necesidades del país. Sin embargo, el cambio de administración no debería significar que todo lo construido por el gobierno anterior deba comenzar de cero.
Cuando una gestión llega al poder, una de sus primeras tareas suele ser revisar los programas, contratos, obras y políticas heredadas. Esa revisión es necesaria cuando existen irregularidades, falta de financiamiento, problemas técnicos o proyectos que dejaron de responder a las necesidades de la población. El problema aparece cuando la decisión de detener o sustituir una iniciativa responde más a su origen político que a una evaluación de sus resultados.
La continuidad de las políticas públicas no es solamente una cuestión administrativa. También está vinculada con la capacidad de un Estado para planificar a largo plazo.
El Banco Interamericano de Desarrollo señala que una transición de gobierno bien gestionada debe permitir la continuidad de las políticas públicas, los servicios esenciales y las capacidades institucionales. La institución advierte que una transición deficiente puede provocar interrupciones operativas, pérdida de información y debilitamiento de las capacidades del Estado.
El problema de que cada gobierno quiera dejar su propia marca
Una de las razones que ayuda a explicar el abandono de determinados proyectos está relacionada con los incentivos políticos.
Una obra pública terminada puede beneficiar a la población durante décadas, pero políticamente puede ser menos atractiva para una administración que no la inició. El reconocimiento público puede quedar asociado al funcionario o al gobierno que puso en marcha el proyecto.
La literatura académica ha estudiado este fenómeno desde la economía política. Investigaciones sobre proyectos de desarrollo inconclusos han planteado que los gobiernos enfrentan incentivos relacionados con quién obtiene el reconocimiento político por una obra. En determinadas circunstancias, un gobierno puede tener menos interés en completar una iniciativa que comenzó su antecesor porque eso también significa contribuir al reconocimiento de la administración anterior.
En términos sencillos: el proyecto puede ser bueno para el país, pero políticamente no necesariamente es bueno para quien llega después**.
Y ahí aparece una de las contradicciones más costosas de la gestión pública.
Si cada administración necesita demostrar que todo lo importante comenzó durante su período, el Estado corre el riesgo de convertirse en una sucesión de proyectos, programas y prioridades que cambian con cada ciclo electoral.
El costo no siempre aparece en el presupuesto
Detener una obra no significa únicamente dejar una estructura inconclusa.
También puede significar contratos interrumpidos, trabajadores que pierden sus empleos, empresas que dejan de recibir ingresos, comunidades que continúan esperando un servicio y recursos públicos que quedan inmovilizados.
En el caso de las grandes infraestructuras, el problema puede ser todavía mayor. La OCDE señala que estos proyectos requieren largos períodos de planificación y ejecución y, precisamente por superar los ciclos electorales, están expuestos a cambios de prioridades, rediseños y cancelaciones. Estas interrupciones pueden terminar aumentando los costos y retrasando la entrega de las obras.
La infraestructura tampoco debería analizarse únicamente desde la fotografía política del momento. Una carretera, una escuela, un hospital, una vivienda social o una casa de acogida forman parte de un ciclo que incluye planificación, financiamiento, contratación, construcción, operación y mantenimiento. La OCDE recomienda precisamente evaluar las inversiones públicas desde esa perspectiva de ciclo de vida.
Por eso, cuando una obra cambia de gobierno, la pregunta fundamental no debería ser quién la inició, sino si vale la pena terminarla.
Las casas de acogida: cuando la continuidad tiene un rostro humano
El debate adquiere una dimensión distinta cuando se trata de proyectos destinados a atender situaciones de vulnerabilidad.
Las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia constituyen un ejemplo de infraestructura pública cuya importancia trasciende la administración que la construya o inaugure.
El Ministerio de la Mujer define estos espacios como refugios destinados a proteger a mujeres y a sus hijos e hijas menores de 14 años frente al riesgo de violencia.
En mayo de 2021, el Gobierno de Luis Abinader puso en funcionamiento 12 casas de acogida para víctimas de violencia de género, con una inversión de RD$200 millones.
Más allá de quién las haya construido o inaugurado, la utilidad de este tipo de infraestructura no desaparece cuando cambia una administración. Si una casa de acogida funciona, atiende mujeres y salva vidas, su continuidad debería evaluarse por sus resultados y necesidades, no por el apellido político de quien la puso en marcha.
Lo mismo puede aplicarse a escuelas, centros de salud, sistemas de agua, carreteras, proyectos habitacionales o iniciativas productivas.
El Estado no debería necesitar cambiar de nombre a una política para reconocer que funciona.
¿Por qué no continuar lo que funciona?
La pregunta resulta inevitable: ¿qué busca un gobierno cuando decide sustituir un proyecto que ya está avanzado o que ha demostrado resultados?
En algunos casos, la respuesta puede ser legítima. Un proyecto puede estar mal diseñado, haber perdido vigencia, presentar irregularidades, tener problemas de financiamiento o no producir los resultados esperados. Ninguna administración está obligada a mantener una política simplemente porque fue creada por su antecesora.
Pero precisamente por eso debería existir una evaluación.
La decisión debería sustentarse en indicadores de impacto, costo, eficiencia, alcance social y viabilidad. No simplemente en el hecho de que la obra comenzó bajo otro partido o bajo otra figura política.
La OCDE advierte que la incertidumbre generada por políticas inconsistentes puede desalentar la inversión y afectar la planificación de largo plazo. En América Latina, además, ha señalado la necesidad de mecanismos que permitan que determinadas prioridades nacionales trasciendan los cambios de gobierno.
Cuando las reglas y prioridades cambian constantemente, no solamente se afecta al Estado. También se afecta a quienes dependen de sus decisiones.
Empresas que esperan contratos, trabajadores que dependen de una obra, comunidades que aguardan un servicio y ciudadanos que necesitan una política pública terminan pagando el precio de la incertidumbre.
El gobierno debería competir por resultados, no por autoría
Una democracia saludable permite que cada administración tenga su propia visión. Los gobiernos deben poder corregir errores, modificar políticas y presentar nuevas propuestas.
Pero existe una diferencia entre cambiar aquello que no funciona y eliminar aquello que funciona simplemente porque pertenece al pasado.
El verdadero desafío de una administración no debería ser conseguir que el país olvide lo que hizo la anterior, sino demostrar que puede hacerlo mejor.
Continuar una obra iniciada por otro gobierno no debería interpretarse como una derrota política. Por el contrario, podría ser una señal de madurez institucional: reconocer que los recursos utilizados son públicos y que los proyectos del Estado pertenecen a la sociedad, no a un partido.
Incluso en República Dominicana existen antecedentes de continuidad. En 2021, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas asumió 64 proyectos que habían estado bajo responsabilidad de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), con un presupuesto total de RD$9,364 millones. Ese tipo de transición demuestra que cambiar la institución responsable no necesariamente implica abandonar la obra.
El Estado no puede empezar de cero cada cuatro años
El cambio de gobierno es parte esencial de la democracia. Lo que no debería cambiar cada cuatro años es la capacidad del Estado para aprender, acumular experiencia y continuar aquello que demuestra resultados.
Un país no se desarrolla únicamente construyendo proyectos nuevos. También lo hace terminando los que ya comenzaron, manteniendo los que funcionan y corrigiendo los que necesitan mejoras.
La política puede tener ciclos de cuatro años. Las necesidades de la población no.
Una mujer que necesita protección no puede esperar a que termine un período electoral. Una comunidad que necesita una carretera tampoco. Un trabajador contratado para una obra no puede planificar su futuro sobre la base de que el próximo gobierno decidirá si reconoce o no el proyecto anterior.
Efectos economicos
Económicamente, detener o abandonar proyectos funcionales por un cambio de gestión puede representar un costo importante para un país o una entidad, especialmente cuando se trata de infraestructura, programas productivos o inversiones públicas de largo plazo.
Los principales efectos son:
1. Pérdida de la inversión ya realizada.
Si una obra queda paralizada después de que el Estado ha invertido en estudios, terrenos, materiales, contratos y construcción, parte de esos recursos puede no generar el beneficio esperado. Es dinero público que ya fue gastado, pero que no se transforma en el servicio o infraestructura prevista.
2. Mayores costos para retomarla.
Una obra detenida no necesariamente puede reanudarse exactamente donde quedó. El paso del tiempo puede deteriorar estructuras, aumentar el precio de materiales, obligar a actualizar diseños o renegociar contratos. Cuando finalmente se retoma, puede costar mucho más que si se hubiera terminado inicialmente.
3. Desempleo y reducción de actividad económica.
La paralización de una obra afecta directamente a trabajadores de la construcción, pero también a proveedores, transportistas, comercios y empresas contratistas. Se genera un efecto en cadena porque el dinero que circulaba alrededor del proyecto deja de hacerlo.
4. Desperdicio de oportunidades productivas.
Si se trata de una carretera, puerto, sistema de riego, parque industrial o infraestructura turística, retrasar su terminación también retrasa las actividades económicas que dependían de ella. Esto puede significar menos inversión, producción, turismo, comercio o empleos.
5. Incertidumbre para empresas e inversionistas.
Cuando las empresas perciben que los proyectos públicos pueden cambiar radicalmente con cada administración, aumenta la incertidumbre. Esto puede hacer que sean más cautelosas al invertir o participar en proyectos de largo plazo.
6. Menor eficiencia del gasto público.
El Estado puede terminar destinando recursos nuevamente a estudios, diseños, licitaciones o proyectos similares. En lugar de utilizar el presupuesto para ampliar servicios, puede terminar pagando dos veces por procesos que comenzaron bajo una administración anterior.
7. Costo de oportunidad.
Este es uno de los puntos más importantes para tu artículo. El dinero destinado a una obra abandonada ya no puede utilizarse simultáneamente para otra necesidad. Si se gastaron RD$500 millones en un proyecto que queda inconcluso, esos recursos no están disponibles para construir escuelas, hospitales, carreteras o viviendas durante ese período.
Por eso, más que preguntarse qué gobierno construyó una obra, la discusión debería centrarse en algo mucho más sencillo: ¿le sirve al país?
Si la respuesta es sí, detenerla únicamente para colocarle otro sello político no representa una nueva forma de gobernar. Representa, en cambio, una forma costosa de volver a empezar.