Juristas alertan sobre riesgos del populismo penal y cuestionan políticas de “mano dura”
Santo Domingo. Expertos nacionales e internacionales advirtieron este martes que el endurecimiento de las penas, el uso recurrente de la prisión preventiva y las estrategias de “mano dura” no garantizan una reducción efectiva de la delincuencia y pueden comprometer derechos y garantías fundamentales.
Durante la segunda jornada del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, los participantes coincidieron en que el combate al crimen debe apoyarse en la prevención, la investigación y el fortalecimiento institucional, más que en respuestas centradas exclusivamente en el castigo.
El jurista dominicano Francisco Álvarez señaló que las debilidades de las instituciones han llevado a distintos actores del sistema de justicia a adoptar medidas extremas para compensar fallas estructurales.
Según explicó, la falta de coordinación entre los organismos provoca que cada uno intente resolver los problemas desde su ámbito de acción, recurriendo con frecuencia a prácticas como la prisión preventiva. A su juicio, esta medida termina utilizándose para garantizar la presencia de los imputados en los procesos, ante las dificultades para localizarlos cuando evaden la justicia.
Álvarez sostuvo además que el aumento de las sanciones penales no representa una solución automática frente a la criminalidad y llamó a concentrar los esfuerzos en mejorar la capacidad de prevención e investigación del Estado.
Abogan por inteligencia e investigación estratégica
El especialista argentino Alberto Binder afirmó que las nuevas expresiones de la delincuencia exigen una persecución penal basada en inteligencia y planificación, en lugar de respuestas impulsivas o meramente represivas.
Consideró que las propuestas que prometen resolver la inseguridad mediante un endurecimiento inmediato de las sanciones generan expectativas poco realistas y terminan ofreciendo una visión simplificada de un problema complejo.
En la misma línea, el académico español Manuel Cancio Meliá sostuvo que con frecuencia se atribuyen al derecho penal capacidades que exceden su verdadero alcance. Según indicó, incrementar las penas no elimina por sí solo fenómenos como el crimen organizado.
Ambos expertos hicieron referencia al modelo de seguridad aplicado en El Salvador. Binder lo describió como una estrategia de fuerte contenido propagandístico y advirtió sobre los riesgos de restringir derechos fundamentales en contextos de emergencia. Por su parte, Cancio Meliá expresó reservas sobre la limitación generalizada de garantías procesales como mecanismo para enfrentar la criminalidad.
Cuestionan uso frecuente de la prisión preventiva
La jurista Emery Colomby Rodríguez consideró que existe una tendencia a recurrir de forma excesiva a la prisión preventiva, aunque aclaró que esto no significa que las demás medidas de coerción carezcan de efectividad.
A su entender, uno de los principales desafíos radica en la falta de mecanismos adecuados para supervisar el cumplimiento de las medidas alternativas al encarcelamiento.
En tanto, el exmagistrado del Tribunal Constitucional de Perú, Gerardo Eto Cruz, advirtió que ordenar prisión preventiva sin una justificación individualizada ni criterios de proporcionalidad representa una vulneración de principios constitucionales y convencionales.
Alertan sobre el impacto del populismo penal
Durante su exposición, el constitucionalista Eduardo Jorge Prats abordó el fenómeno del populismo penal y sostuvo que en República Dominicana se observan manifestaciones significativas de esta práctica.
El jurista argumentó que la interacción entre medios de comunicación, redes sociales, organismos de justicia y cuerpos de seguridad puede contribuir a generar condenas anticipadas y juicios paralelos antes de que concluyan los procesos judiciales.
Asimismo, cuestionó las presiones que, según afirmó, rodean las decisiones relacionadas con la prisión preventiva y que pueden influir en la actuación de jueces y fiscales.
Por su parte, Eto Cruz alertó sobre el denominado “populismo penal mediático”, al considerar que la exposición pública de los casos en medios y plataformas digitales puede fomentar la estigmatización de los imputados antes de que exista una sentencia definitiva.
El VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional, está dedicado este año al análisis del debido proceso en materia penal y concluirá este miércoles.