Legisladores enfrentan plazo de tres días para aprobar prórroga del Código Penal
Santo Domingo.- El Congreso Nacional dispone de apenas tres días para completar el trámite legislativo de una iniciativa que busca aplazar hasta noviembre de 2028 la aplicación de las disposiciones del Código Penal que establecen la responsabilidad penal de las empresas, una solicitud impulsada por el sector empresarial y que ya cuenta con la aprobación del Senado.
La decisión está ahora en manos de la Cámara de Diputados, que tiene previsto sesionar este martes 3 de noviembre, mientras que el Senado tiene una convocatoria para el miércoles 4. El plazo es determinante debido a que los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 74-25, modificados por la Ley 44-26, están pautados para entrar en vigor el próximo jueves 5 de noviembre.
La iniciativa fue sometida por el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rafael Barón Duluc, conocido como Cholitín, y aprobada de urgencia en dos sesiones consecutivas por la Cámara Alta el pasado 21 de octubre. La propuesta modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 para conceder otros 24 meses a las personas jurídicas antes de quedar sujetas al nuevo régimen de responsabilidad penal.
En la Cámara Baja, una de las posiciones que se ha hecho pública es la del presidente de la Comisión Permanente de Justicia, Wandy Batista, también del PRM, quien favorece la extensión del plazo, pero considera necesario revisar el contenido de los cuatro artículos.
El legislador entiende que algunas disposiciones, tal como están redactadas, podrían entrar en conflicto con el principio de presunción de inocencia. Aunque respalda la iniciativa aprobada por los senadores, considera que los dos años propuestos podrían ser un período excesivo y que las correcciones legales podrían realizarse en menos tiempo. Hasta el momento, no se han identificado pronunciamientos institucionales públicos de las bancadas de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana que permitan establecer una posición oficial de esas organizaciones frente a la prórroga. Por tanto, el debate legislativo todavía deberá mostrar si existe consenso entre las distintas representaciones políticas o si surgirán objeciones durante el conocimiento de la pieza.
La discusión también tiene como antecedente la posición que había expresado el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, en junio pasado, cuando rechazó aplazar la entrada en vigor del nuevo Código Penal en términos generales. En esa ocasión defendió que la justicia necesitaba las herramientas de la nueva legislación. No obstante, aquella declaración no estuvo dirigida específicamente al régimen de responsabilidad penal corporativa que ahora se busca postergar. Presión del sector empresarial
Mientras los legisladores se preparan para conocer la iniciativa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) han solicitado acelerar su aprobación, al considerar que el período de tres meses concedido inicialmente resulta insuficiente para que las compañías adapten sus estructuras a las nuevas obligaciones.
Ambas organizaciones advierten que la aplicación del régimen requiere programas de cumplimiento normativo, controles internos, mecanismos de prevención, canales de denuncia y capacitación del personal. ANJE ha puesto especial atención en las dificultades económicas y operativas que podrían enfrentar las micro, pequeñas y medianas empresas para implementar esos mecanismos.
El Conep, por su parte, considera que también es necesario preparar a los operadores del sistema judicial y establecer criterios claros para determinar cuándo una organización puede ser penalmente responsable.
Qué ocurre si no se aprueba a tiempo
La propuesta no elimina la responsabilidad penal de las empresas, sino que procura posponer durante dos años la aplicación de las disposiciones que regulan las condiciones bajo las cuales una persona jurídica puede responder por delitos relacionados con sus representantes, órganos de dirección o empleados.
El régimen contempla sanciones que incluyen multas, cierre de establecimientos, revocación de licencias y hasta la disolución de compañías, cuando se establezca su responsabilidad conforme al procedimiento judicial correspondiente.
Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto sin introducir modificaciones, la iniciativa podrá completar su recorrido hacia el Poder Ejecutivo para su promulgación. Si le realiza cambios, deberá regresar al Senado para una nueva revisión, lo que reduciría todavía más el margen de tiempo disponible.
De no completarse el proceso legislativo y producirse la promulgación antes del 5 de noviembre, los cuatro artículos entrarían en vigor conforme al calendario establecido en la legislación vigente.