Este jueves revisan prisión preventiva en caso Senasa
Santo Domingo.- El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis procesados por el presunto fraude cometido contra la aseguradora estatal deberán comparecer este jueves ante un tribunal del Distrito Nacional, donde se conocerá la revisión obligatoria de las medidas de coerción que les fueron impuestas.
La audiencia fue pautada para las 9:00 de la mañana por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien tendrá a su cargo determinar si mantiene la prisión preventiva o dispone algún cambio en las medidas que cumplen los acusados.
Junto a Hazim serán presentados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
Los procesados permanecen recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra, por disposición del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que ordenó su ingreso a prisión preventiva.
En el proceso también figuran Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, el empresario Eduardo Read Estrella y Ada Ledesma Ubiera, quienes cumplen arresto domiciliario.
La última revisión de las medidas se realizó el pasado 5 de agosto, cuando el tribunal decidió mantener la prisión preventiva contra los imputados.
Las acusaciones del Ministerio Público
Según la investigación del Ministerio Público, Santiago Marcelo Hazim Albainy habría dirigido una estructura que operaba dentro de Senasa mediante un supuesto comité operativo paralelo, desde el cual se tomaban decisiones relacionadas con los procesos administrativos y financieros de la institución.
Los fiscales sostienen que ese grupo intervenía en la aprobación o paralización de procedimientos a cambio de beneficios económicos, sin respetar los controles establecidos para el funcionamiento de la aseguradora pública.
Entre las irregularidades señaladas por el órgano acusador figuran la alteración de documentos, el uso de reclamaciones fraudulentas y la autorización de desembolsos respaldados por facturas que no correspondían a servicios reales. También se investiga la supuesta aprobación de prestadores de servicios de salud a cambio de pagos ilegales.
La acusación agrega que los involucrados habrían recurrido a compañías creadas para ocultar operaciones y a movimientos bancarios entre distintas cuentas con el propósito de disimular el origen del dinero que presuntamente fue sustraído de las reservas técnicas de Senasa.
El Ministerio Público estima que las operaciones investigadas provocaron pérdidas superiores a los RD$15,900 millones al Estado dominicano.