AIRD denuncia alza “abusiva” de hasta 400 % en tarifas de la CAASD y cuestiona falta de legalidad y transparencia
Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) lanzó una fuerte crítica contra el ajuste tarifario aprobado por el Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), al advertir que el incremento —que alcanza hasta un 400 % para el sector industrial— carece de justificación técnica, legal y participativa.
El gremio empresarial calificó la medida como desproporcionada, sorpresiva y violatoria del debido proceso, al señalar que fue adoptada sin consulta pública ni divulgación de los estudios técnicos que sustenten el aumento, en abierta contradicción con lo establecido en la normativa vigente.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, alertó que decisiones de esta naturaleza erosionan la seguridad jurídica, afectan la planificación financiera de las empresas y ponen en riesgo la competitividad del sector productivo, especialmente cuando los presupuestos del año 2026 ya han sido aprobados por las industrias impactadas.
La entidad reconoció la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, pero cuestionó que la CAASD opte por trasladar de manera abrupta la carga financiera a quienes sí cumplen, mientras persisten problemas estructurales como la falta de pago de actores informales y la ausencia de criterios homogéneos en la política tarifaria de las corporaciones de acueducto.
Uno de los puntos más criticados por la AIRD es la introducción de diferencias tarifarias entre industrias nacionales y zonas francas, una distorsión que no existía en el esquema anterior y que, según el gremio, constituye una forma de discriminación que debilita la producción local y distorsiona el clima de negocios.
La asociación advirtió que este aumento no solo impactará a las industrias, sino que terminará reflejándose en los precios de los productos de primera necesidad, afectando directamente al consumidor final.
Ante este escenario, la AIRD exigió la suspensión inmediata del ajuste tarifario, la apertura de un diálogo técnico y transparente, y la publicación de los estudios que justifiquen cualquier modificación futura. A su juicio, la gestión de los servicios públicos no puede sustentarse en decisiones improvisadas ni en medidas que penalicen al sector formal sin atacar las verdaderas causas de ineficiencia del sistema.