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Bienes decomisados por el Ministrio Público alcanzan los RD$3,242 millones

Por Jesús Garcia
- 2 min de lectura
Bienes decomisados por el Ministrio Público alcanzan los RD$3,242 millones

Santo Domingo, RD. La Procuraduría General de la República, liderada por Miriam Germán Brito, realizó una importante entrega de bienes confiscados en procesos de corrupción al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide). El total de activos entregados alcanza los RD$3,242 millones y US$1.4 millones, marcando un avance significativo en la recuperación de recursos para el Estado dominicano.

El evento contó con la participación de destacadas figuras, como el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, y Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, quienes resaltaron la importancia de destinar estos bienes a proyectos sociales o a subastas públicas. Entre los activos entregados se incluyen 58 apartamentos, 18 casas, un edificio, un hotel, 26 locales comerciales, 19 solares, 4 aeronaves y 238 vehículos de alta gama, además de joyas valoradas en RD$8.2 millones.

Durante su intervención, Germán Brito expresó que su gestión busca romper con esquemas poco favorables y promover una nueva cultura de transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos. Señaló que estos bienes, resultado de actos ilícitos, serán redirigidos para contribuir al bienestar de las comunidades más vulnerables, lo que les otorga un valor extraordinario.

Por su parte, Manuel Oviedo Estrada, director del Incabide, destacó que este proceso marca un antes y un después en la administración pública, al asegurar que los bienes decomisados serán utilizados en beneficio del pueblo dominicano. Asimismo, Milagros Ortiz Bosch enfatizó que este tipo de acciones reflejan el compromiso del Estado con la integridad y la justicia.

Este acto reafirma los esfuerzos del Ministerio Público para fortalecer la confianza en las instituciones y consolidar una gestión enfocada en el combate a la corrupción y la recuperación del patrimonio estatal para fines sociales y de desarrollo.

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