Caso SeNaSa no termina: Ministerio Público solicita cuatro meses más
Santo Domingo.-El Ministerio Público solicitó una extensión de cuatro meses del plazo de investigación en el proceso judicial que involucra al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otras nueve personas señaladas por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría provocado pérdidas multimillonarias al Estado.
La petición fue presentada ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los responsables de la Dirección General de Persecución y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
Corresponderá al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocer la solicitud, notificar a las partes involucradas y fijar una audiencia para decidir si concede o no la prórroga requerida por los fiscales.
Además de Hazim, el expediente incluye a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los primeros cinco cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma permanece bajo arresto domiciliario.
En el proceso también figuran Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario tras admitir ante el tribunal haber realizado pagos irregulares a funcionarios vinculados a Senasa, lo que les permitió acogerse a medidas menos severas.
De acuerdo con las investigaciones, la presunta red habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 15,000 millones de pesos, aunque las pesquisas más recientes elevan la cifra por encima de los 19,000 millones de pesos. Las autoridades sostienen que las irregularidades se habrían cometido entre los años 2020 y 2025, impactando el sistema público de seguros de salud.
Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, estafa en perjuicio del Estado, soborno, lavado de activos y falsificación de documentos, entre otros delitos.
El órgano acusador informó que las investigaciones continúan abiertas y que aún se examina la posible participación de otras personas y entidades relacionadas con el caso.