El orden importa: por qué derogar primero evita el caos legal
El presidente Luis Abinader derogó recientemente varios decretos como parte de un proceso de reorganización del Estado, una medida que, aunque pueda parecer meramente administrativa, resulta obligatoria y fundamental para garantizar el orden jurídico.
Derogar un decreto significa dejarlo sin efecto legal, es decir, que sus disposiciones dejan de tener vigencia. Este paso es indispensable antes de emitir nuevas normativas, ya que un decreto nuevo no puede contradecir uno anterior que siga activo. De no hacerse así, se generarían conflictos legales, superposición de funciones y confusión institucional.
Las derogaciones responden a la necesidad de actualizar normas, eliminar disposiciones obsoletas y adecuar la estructura estatal a la realidad actual. Muchas de estas medidas estaban vinculadas a comisiones, consejos, organismos especiales y nombramientos que ya no existen o fueron modificados, integrados o eliminados dentro del proceso de modernización del aparato público.
Reordenamiento institucional
Esta acción forma parte de una estrategia de reordenamiento institucional que busca evitar duplicidad de funciones, mejorar la coordinación entre entidades públicas y optimizar el uso de los recursos del Estado.
Impacto para la ciudadanía
Las derogaciones no afectan directamente los servicios públicos, sino que fortalecen la gestión interna. El procedimiento correcto es claro: Primero se eliminan los decretos antiguos, luego se emiten los nuevos y así se evitan choques de competencias y vacíos legales.
Contexto general
Estas acciones se enmarcan en los cambios administrativos anunciados por el Gobierno para modernizar la administración pública. Este proceso deja claramente establecido:
- Qué normas entran en vigor
- Cuáles dejan de existir
- Desde cuándo aplican
Con esto, el Estado garantiza seguridad jurídica, claridad institucional y transparencia administrativa.