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Esquema de corrupción en el Intrant comenzó en 2017, según el Ministerio Público

Por Jesús Garcia
- 3 min de lectura
Esquema de corrupción en el Intrant comenzó en 2017, según el Ministerio Público

La «Operación Camaleón«, liderada por el Ministerio Público, ha revelado un complejo entramado de corrupción que involucra el desvío de fondos públicos, adjudicaciones amañadas y espionaje, centrado en la modernización del sistema de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo.

Esta red fue orquestada desde 2017, y ha resultado en la detención de siete personas, entre ellas el empresario José Ángel Gómez Canaán (conocido como «Jochi Gómez») y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras.

Según la orden de arresto 2024-AJ0020784, el esquema comenzó en 2017, cuando Gómez Canaán fue favorecido con múltiples contratos estatales, entre ellos, uno otorgado a la empresa Dekolor S.R.L., que gestionaba la emisión de licencias de conducir, acumulando ingresos por más de 4,655 millones de pesos. En 2020, Gómez también se benefició de un contrato ilegal entre su empresa AURIX S.A.S. y el Ministerio de Defensa, que nunca fue registrado oficialmente.

Creación fraudulenta de Transcore Latam

El Ministerio Público acusa a Gómez Canaán de haber creado de manera fraudulenta la empresa Transcore Latam S.R.L. en 2022, utilizando el dominio «Transcore.com.do» y suplantando la identidad del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer para legitimar la entidad. Posteriormente, a través de correos falsificados, solicitó que la empresa fuera registrada en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, a pesar de que ni Brinkmeyer ni otros ejecutivos de la compañía matriz en EE.UU. estaban relacionados con esta versión dominicana de la empresa.

Uno de los puntos más relevantes de la investigación fue el incremento desproporcionado del presupuesto del proyecto de semáforos. Inicialmente, el plan estaba valorado en RD$ 104 millones, pero bajo la dirección de Hugo Beras, y en colaboración con otros implicados, el monto fue incrementado sin justificación a RD$ 1,200 millones, un aumento del 1,053 %. La licitación fue manipulada para reducir los requisitos de experiencia, facilitando la participación de Transcore Latam S.R.L., a pesar de que no cumplía con los criterios técnicos.

Una de las acusaciones más graves es el uso indebido de los equipos de videovigilancia instalados bajo el pretexto de mejorar el tráfico. Según la orden de arresto, las cámaras fueron utilizadas para espionaje ilegal, dirigido por Gómez Canaán y Carlos Peguero. Los datos obtenidos fueron usados para extorsionar a ciudadanos, en un esquema que violó gravemente la seguridad pública y la privacidad de las personas.

En junio de 2023, representantes de la empresa Sictranscore Latinoamérica presentaron una denuncia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), señalando la apropiación indebida de información técnica por parte de Transcore Latam S.R.L. para participar en la licitación. Pese a esta denuncia, el comité de compras y contrataciones del Intrant, bajo la gestión de Hugo Beras, desestimó las advertencias y permitió que la empresa continuara en el proceso.

El Ministerio Público continúa evaluando las medidas a tomar contra los detenidos, quienes enfrentan cargos por desfalco, corrupción, y violación de la seguridad pública.

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