JCE destinará 1,500 millones de pesos a partidos políticos en 2025, incluyendo al PRM, PLD y FP
La Junta Central Electoral (JCE) anunció que destinará 1,500 millones de pesos a 33 partidos políticos en 2025, basándose en los resultados de las elecciones generales de 2024. Este monto representa un aumento significativo respecto a los 1,260.4 millones distribuidos anualmente entre 2021 y 2023, gracias al incremento aprobado en el presupuesto gubernamental.
Conforme a lo estipulado en la Ley de Partidos Políticos 33-18, el 80 % del financiamiento será asignado a los partidos que superaron el 5 % de los votos, mientras que el 20 % restante será repartido entre las organizaciones que obtuvieron un porcentaje menor.
Los partidos mayoritarios, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), recibirán 400 millones de pesos cada uno, acumulando en conjunto 1,200 millones de pesos, equivalentes al 80 % del total asignado.
El restante 20 %, equivalente a 300 millones de pesos, será distribuido entre los demás partidos. De estos, 180 millones serán asignados a siete partidos que obtuvieron entre un 1 % y un 5 % de los votos, quienes recibirán aproximadamente 25.7 millones de pesos anuales cada uno. Los 120 millones restantes se distribuirán entre 23 partidos que no alcanzaron el 1 % de los votos, otorgando a cada organización 5.2 millones de pesos anuales.
Un cambio notable es la exclusión del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) del grupo mayoritario, al descender al 2.55 % de los votos en el nivel senatorial. Como resultado, pasará de recibir 1,008 millones de pesos en 2024 a solo 25.7 millones anuales. Por su parte, el PRM y Fuerza del Pueblo consolidaron su liderazgo al alcanzar el 48.41 % y el 26.67 % de los votos en el nivel presidencial, respectivamente.
La JCE publicará una resolución a inicios de 2025 para detallar los cálculos finales de la distribución, tomando en cuenta los porcentajes más altos obtenidos por cada partido en los niveles presidencial, senatorial y de diputados. Esta medida reafirma el compromiso del Estado con el fortalecimiento del sistema democrático y el financiamiento de los partidos políticos, aunque supone un desafío financiero para las organizaciones más pequeñas.