Los casos de corrupciòn continuan a pesar de que hay instituciones fiscalizadoras
República Dominicana – A pesar de que en el país existen más de cuatro instituciones tanto internas como externas encargadas de fiscalizar, supervisar y vigilar el uso de los recursos públicos, los casos de presunta corrupción continúan saliendo a la luz. Situaciones como la investigada recientemente en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) evidencian que, aunque el Estado cuenta con un entramado formal de control, las irregularidades en la administración de fondos públicos siguen representando un desafío para la institucionalidad.
El sistema dominicano de prevención y control del uso de los recursos estatales está compuesto por varios organismos con funciones específicas, cuyo objetivo es garantizar la transparencia, la legalidad y la correcta gestión del dinero público.
Instituciones fiscalizadoras y responsables de vigilar el manejo adecuedo de los recursos del Estado
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es el órgano constitucional responsable del control externo de los recursos públicos. Entre sus atribuciones se encuentra la realización de auditorías a las instituciones del Estado, la fiscalización del gasto público y la evaluación de la ejecución presupuestaria, con el fin de detectar irregularidades y promover la rendición de cuentas.
Por su parte, la Contraloría General de la República ejerce el control interno del Poder Ejecutivo. Su función principal es supervisar y fiscalizar los procesos administrativos y financieros de las instituciones gubernamentales, velando por el cumplimiento de las normas legales, contables y presupuestarias en la ejecución del gasto público.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) es la entidad encargada de regular, supervisar y monitorear los procesos de compras y contrataciones del Estado. Su rol consiste en asegurar que estos procedimientos se realicen conforme a la ley, bajo principios de transparencia, libre competencia e igualdad de oportunidades, así como investigar denuncias relacionadas con irregularidades en contrataciones públicas.
En tanto, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) tiene la responsabilidad de promover la ética, la transparencia y la prevención de la corrupción en la administración pública. Entre sus funciones se incluyen la supervisión del cumplimiento de las normas de ética, la gestión de denuncias ciudadanas y el fortalecimiento de políticas de integridad dentro de las instituciones estatales.
A estos organismos se suman las unidades de auditoría interna que operan dentro de cada institución pública. Estas instancias tienen como objetivo evaluar de manera continua los procesos administrativos y financieros internos, identificar riesgos, prevenir irregularidades y asegurar el uso adecuado de los recursos asignados.
Casos recientes evidencian los retos persistentes del sistema de control estatal
En los últimos cinco años, diversos procesos judiciales y administrativos han puesto en evidencia presuntos actos de corrupción en distintas áreas del Estado dominicano. Entre los casos más relevantes figura laOperación Medusa, que involucra a exfuncionarios de la Procuraduría General de la República, a quienes el Ministerio Público atribuye un presunto desfalco superior a los RD$6,000 millones mediante contratos irregulares y uso indebido de fondos públicos.
También destacan las operaciones Coral y Coral 5G, relacionadas con el uso irregular de recursos en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), donde las autoridades estiman un perjuicio al Estado de varios miles de millones de pesos, producto de nóminas ficticias y desvío de fondos.
A estos se suma el denominado caso Camaleón, que investiga presuntas irregularidades en procesos de contratación dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), con montos bajo investigación que superarían los RD$1,000 millones, según informaciones preliminares del órgano acusador.
Asimismo, se desarrollan investigaciones en el Senasa por posibles anomalías en compras, contrataciones y pagos por servicios no prestados, con montos que aún no han sido cuantificados de manera definitiva por las autoridades. Estos expedientes, junto a otros vinculados a la manipulación de registros oficiales y contrataciones públicas, permanecen en distintas fases judiciales.
Estos casos reflejan que, pese a la existencia de múltiples órganos de control y fiscalización, los mecanismos de prevención, supervisión y detección temprana de irregularidades continúan enfrentando limitaciones estructurales dentro del aparato estatal.