ONGs denuncian uso del régimen de excepción contra críticos de Bukele
Organizaciones humanitarias de El Salvador han expresado su preocupación ante lo que consideran intentos del gobierno de Nayib Bukele por silenciar las voces críticas hacia el régimen de excepción, implementado desde hace tres años con el objetivo declarado de combatir a las pandillas.
El pasado 18 de mayo, fue arrestada la abogada Ruth López, quien lidera la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal. Días antes, también fueron detenidos un abogado ambientalista y un pastor evangélico que lideraba una cooperativa campesina con posturas críticas hacia el gobierno.
Durante una conferencia de prensa, el abogado David Ortiz, representante de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal «María Julia Hernández», afirmó que el propósito real del régimen de excepción no es garantizar la seguridad, sino ejercer control sobre quienes disienten del discurso oficial. Esta organización brinda apoyo legal a familias de personas arrestadas bajo el régimen, muchas de las cuales niegan vínculos con estructuras criminales.
A pesar de que el presidente Bukele mantiene altos niveles de aprobación popular por la drástica reducción de homicidios, las recientes detenciones de activistas han encendido alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Ruth López enfrenta cargos por presunto peculado durante su etapa como asesora del Tribunal Supremo Electoral, mientras que Alejandro Henríquez y José Pérez, abogado ambientalista y pastor respectivamente, han sido acusados de “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos”. En febrero, también fue arrestado Fidel Zavala, líder de UNIDEHC, acusado de formar parte de grupos ilícitos.
Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, advirtió que el nivel de represión ha incrementado, generando temor entre los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Ante esta situación, las organizaciones han solicitado a la comunidad internacional que incremente su vigilancia sobre la situación en El Salvador.
En un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tutela Legal documentó 1,077 casos de violaciones a derechos relacionados con la libertad, la salud y la integridad personal. Además, el abogado Alejandro Díaz no descartó acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) si continúan las presuntas violaciones de derechos humanos bajo el régimen.