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Operación Camaleón: juicio preliminar es pospuesto para el 15 de diciembre

Por Divagna Encarnación
- 2 min de lectura

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 15 de diciembre el conocimiento del juicio preliminar contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez), y los demás imputados en el caso Operación Camaleón, acusados de sabotaje, terrorismo y estafa contra el Estado dominicano a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La decisión fue tomada por la jueza Yanibet Rivas, quien otorgó una prórroga de 20 días hábiles, acogiendo la solicitud de extensión de plazo presentada por la defensa de Hugo Beras.

Luego del anuncio de la decisión, la defensa solicitó la reconsideración de la prórroga, indicando que el plazo de 20 días no es suficiente, ya que están embarcados en preparar la defensa de otro proceso «muy complejo».

La defensa de Beras también señaló que se debe reconsiderar la fecha inicial de la audiencia fijada para el 12 de diciembre, debido a ese mismo día deben representar la defensa en el caso Calamar.

Los Imputados

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó acusación formal contra diez personas físicas y siete empresas presuntamente vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos que operaba desde el Intrant.

Entre los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del IntrantJochy Gómez, propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología.

También fueron imputados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso.

Mientras que, las empresas involucradas son Transcore Latam, Aurix, INPROSOL, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor, señaladas por haber servido como vehículos financieros y operativos para el desvío de fondos públicos, el lavado de activos y el sabotaje tecnológico.

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