Operación Lobo, SENASA y Cobra: el 2025 que destapó la corrupción más profunda del Estado
El año 2025 cerró con una serie de escándalos de corrupción que marcaron profundamente el panorama institucional de la República Dominicana. Desde inicios de enero, la tensión fue evidente: aunque no surgió un mega caso puntual en los primeros meses, crecieron las denuncias públicas de nepotismo, adjudicaciones irregulares y falta de transparencia en diferentes instituciones. Exfuncionarios de administraciones anteriores, así como nuevas figuras del Estado, estuvieron en el centro de señalamientos que llevaron a reclamos nacionales de auditorías y revisiones urgentes a los contratos públicos.
El clima anticorrupción tomó otro giro a mediados de año. En julio de 2025, la Procuraduría General de la República, bajo el liderazgo de Yeni Berenice Reynoso, destapó un entramado de presunta corrupción administrativa vinculado a contratos de seguridad privada otorgados a instituciones del Estado. La denominada “Operación Lobo” reveló la participación de militares activos, generales retirados y empresarios que habrían pagado sobornos millonarios para asegurarse adjudicaciones de servicios públicos. Este caso se convirtió en un hito, pues la Procuraduría dejó claro que cualquier acto ilícito sin importar rango ni posición sería perseguido con el peso de la ley, enviando un mensaje contundente sobre el alcance de las investigaciones.
En septiembre estalló uno de los casos más sensibles del año: el escándalo en el Seguro Nacional de Salud (SENASA). Un informe oficial reveló graves irregularidades administrativas durante el período encabezado por el entonces director Santiago Hazim. El Gobierno ordenó remitir el expediente a la Procuraduría General y se declaró nula una contratación entre SENASA y Farmacard, S.R.L. por violaciones a la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas. La denuncia generó preocupación pública por el manejo de fondos destinados al sistema de salud, especialmente en un sector donde la corrupción golpea directamente a la población más vulnerable.
La explosión final del año llegó en diciembre con el desmantelamiento de una red multimillonaria que las autoridades denominaron “Operación Cobra”. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó prisión preventiva para 10 implicados, entre ellos exfuncionarios, empresarios y antiguos administradores de SENASA. La acusación señala un desfalco superior a los RD$15,921 millones mediante contratos ficticios, sobornos, facturación fraudulenta, lavado de activos y acciones que comprometieron severamente la estabilidad financiera de la institución. Entre los arrestados figura el exdirector Santiago Hazim, acompañado de exgerentes, consultores y socios empresariales conectados al entramado. El Gobierno anunció que SENASA se constituirá como parte civil con el objetivo de recuperar los bienes malversados.
El contexto nacional también mostró una mezcla de avances y tensiones institucionales. De acuerdo con datos oficiales, el Gobierno afirma haber recuperado más de RD$6,500 millones desde 2020 y remitido más de 287 casos administrativos por presuntas irregularidades en distintas instituciones. Además, el país informó ante organismos internacionales incluyendo las Naciones Unidas avances en transparencia y gobierno abierto, destacando la judicialización de reclamos por más de RD$136,000 millones y nuevos mecanismos para reforzar la prevención de la corrupción estructural.
Los escándalos de 2025 dejan ver varios patrones claros. Por un lado, la persistencia de prácticas corruptas profundamente arraigadas: contratos inflados, sobornos, facturas simuladas, intermediarios ilegales y enriquecimiento ilícito que afectaron sectores críticos como salud, seguridad y servicios estatales. Por otro lado, el año refleja una mayor capacidad del aparato judicial para investigar y someter expedientes de alto perfil, impulsado por un Ministerio Público reforzado y una presión social creciente a favor de la transparencia. Sin embargo, la magnitud del desfalco en instituciones clave evidencia que aún existe un déficit considerable de controles internos, supervisión y mecanismos efectivos para prevenir la desviación de fondos públicos.
El impacto social de estos casos es profundo. La corrupción debilita la confianza ciudadana, afecta la calidad de los servicios públicos y alimenta la sensación de impunidad que por años ha marcado la vida institucional del país. En un año donde los montos denunciados superaron decenas de miles de millones de pesos, la demanda ciudadana de justicia se intensificó.
En el marco de que ayer era el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, la memoria de lo ocurrido en 2025 funciona como un recordatorio de lo que está en juego. Es un llamado a exigir sanciones ejemplares, a fortalecer la supervisión de los recursos públicos, a impulsar mayor transparencia en contrataciones y auditorías, y a sostener una cultura cívica activa donde la denuncia y el control social tengan un espacio real. La corrupción no solo erosiona el patrimonio público: hiere profundamente la dignidad colectiva. Recordarlo hoy es un acto de responsabilidad democrática.