“Primero evaluación estratégica”: Carvajal fija postura sobre minería en el suroeste
El coordinador de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias, Luis Carvajal, sostuvo que en el Suroeste de la República Dominicana no debe autorizarse, tramitarse ni validarse ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para minería metálica mientras no exista previamente una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que analice el territorio de forma integral.
Carvajal advirtió que el debate no puede centrarse en proyectos aislados como el caso Romero, ya que según explicó la problemática responde a una presión minera de escala regional, con riesgos acumulativos sobre recursos hídricos, agricultura, biodiversidad y comunidades. En ese contexto, insistió en que evaluar iniciativas de manera individual distorsiona la magnitud real del impacto.
El especialista precisó que la EAE es un instrumento de planificación de mayor jerarquía que permite determinar si una actividad debe o no desarrollarse en un territorio, bajo qué condiciones y en qué zonas debe prohibirse. A diferencia del EIA, que se limita a medir impactos de un proyecto específico, la evaluación estratégica define el modelo de uso del suelo, establece límites y examina escenarios de desarrollo a largo plazo.
Entre los elementos que debería contemplar una EAE para el Suroeste, mencionó un diagnóstico territorial completo incluyendo cuencas, acuíferos y zonas agrícolas, la identificación de áreas incompatibles con minería metálica, el análisis de impactos acumulativos y la comparación con alternativas económicas como la producción agrícola, la restauración ecológica o el turismo sostenible.
Carvajal subrayó que la región presenta condiciones críticas que agravan los riesgos, entre ellas estrés hídrico, fragilidad de cuencas, presencia de sulfuros con potencial de drenaje ácido, alta pendiente y vulnerabilidad sísmica. A esto se suma la importancia estratégica del sistema hídrico vinculado a la cuenca del río San Juan y la presa de Sabaneta.
En ese sentido, consideró que aprobar estudios ambientales sin una evaluación estratégica previa constituye “un engaño al país”, al fragmentar impactos que en la práctica se acumulan y al sustituir una decisión territorial de fondo por la revisión técnica de expedientes individuales.
El también académico afirmó que la oposición de comunidades y organizaciones ambientales frente a estos proyectos es una respuesta legítima, basada en la necesidad de una evaluación científica más amplia y transparente. “Quien exige una Evaluación Ambiental Estratégica está pidiendo más Estado, más ciencia y mayor responsabilidad pública”, enfatizó.
Finalmente, llamó al Estado dominicano a ordenar la realización de una EAE para toda la franja minera del Suroeste antes de admitir cualquier expediente, definir zonas de exclusión, evaluar impactos acumulativos y establecer reglas obligatorias para futuros estudios. Reiteró que decidir por partes el futuro de la región compromete la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria y la estabilidad social del paí