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Senado aprueba Ley de Residuos Sólidos y abre paso a una transformación en la gestión ambiental del país

Por Divagna Encarnación
- 2 min de lectura

El Senado de la República aprobó este jueves la Ley 225-20 sobre Residuos Sólidos, una normativa considerada clave para modernizar la gestión de los desechos en la República Dominicana y enfrentar uno de los problemas ambientales más críticos del país.

La aprobación en la Cámara Alta representa un paso decisivo para la implementación de un sistema más eficiente, ordenado y sostenible para el manejo de residuos urbanos, industriales y especiales. La pieza legislativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su conocimiento definitivo.

La nueva ley establece lineamientos obligatorios para la separación, recolección, transporte, reciclaje y disposición final de los residuos, además de introducir un marco regulatorio que obliga a los ayuntamientos, empresas y ciudadanos a cumplir estándares más estrictos.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la responsabilidad extendida del productor (REP), que obliga a fabricantes e importadores a asumir parte del tratamiento de los desechos que generan sus productos, especialmente en materiales como plásticos, electrónicos, pilas, baterías, envases y neumáticos.

El proyecto también contempla el cierre progresivo de vertederos a cielo abierto y la creación de rellenos sanitarios regulados, así como incentivos para impulsar la economía circular, el reciclaje y la reutilización de materiales.

En cuanto a sanciones, la ley establece multas y penalidades para quienes realicen vertidos ilegales, manejen de forma inadecuada los residuos peligrosos o participen en la operación de botaderos clandestinos.

Senadores de distintas bancadas destacaron que la República Dominicana necesitaba con urgencia una normativa moderna que permitiera abordar de manera integral el manejo de los residuos, mejorar la salud pública, proteger el medio ambiente y fortalecer la infraestructura municipal.

La propuesta también ordena campañas permanentes de educación ciudadana enfocadas en reducir, reutilizar y reciclar, con el objetivo de cambiar hábitos y promover una cultura ambiental más responsable.

La Cámara de Diputados deberá ahora conocer y decidir la aprobación final de la ley, que de convertirse en normativa oficial, marcaría un antes y un después en la política ambiental dominicana.

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