Imputada en el caso Pandora solicita colaborar con el Ministerio Público

Miguelina Bello Segura, detenida por su presunta participación en la red de tráfico de municiones desmantelada en el caso Pandora, ha manifestado al Ministerio Público su disposición para colaborar con las investigaciones. Según informó su abogado, Osiris Disla Ynoa, Bello Segura entregó detalles sobre la ubicación de 17 cajas de municiones que habrían sido suministradas por una prima.
En una comunicación dirigida a la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, la acusada expresó su voluntad de compartir toda la información que posea respecto al caso, en el cual se le señala de vender municiones de diversos calibres, propiedad de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, de manera clandestina a nacionales haitianos.
De acuerdo con el expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Bello Segura comercializaba las municiones a precios que oscilaban entre RD$5,200 y RD$6,000 por caja. Además, el documento señala que esta actividad se realizaba en coordinación con una red que presuntamente sustrajo más de 900,000 municiones de manera sistemática y organizada.
El Ministerio Público también reveló que el exesposo de Bello Segura era un conocido traficante de municiones en el mercado binacional de Pedernales, actividad ilícita que ella habría continuado junto con los demás miembros de la organización.
Otros implicados en el caso
En el expediente de medida de coerción, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para los implicados. Entre ellos se encuentran:
- Narciso Antonio Féliz Romero, coronel y exintendente de Armas.
- Juan Miguel Pérez Soler, subintendente.
- Nelson Valdez, capitán encargado del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
- Víctor Manuel Santos, capitán y auditor, señalado por alterar resultados de auditorías.
- Marino Antonio Rodríguez Toribio, segundo teniente y armero.
- Otros implicados son el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, y los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, quienes habrían fungido como piezas operativas clave dentro de la red criminal.
El Ministerio Público asegura que la red operaba con un impacto económico significativo, calculado en más de RD$64 millones, y que las municiones traficadas frecuentemente eran utilizadas en actividades criminales.