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JCE busca transparentar el dinero que reciben y gastan los partidos.

Por Divagna Encarnación
- 8 min de lectura

Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de los controles sobre el financiamiento de los partidos políticos con la presentación de una plataforma tecnológica destinada al monitoreo y supervisión de la información financiera de las organizaciones reconocidas en el país.

La herramienta fue presentada el 30 de abril de 2026 por la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, como parte de una estrategia institucional dirigida a modernizar los registros contables, mejorar los mecanismos de control interno y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos partidarios.

De acuerdo con la información publicada por el organismo electoral, la iniciativa procura que las organizaciones políticas dispongan de instrumentos tecnológicos que les permitan organizar sus operaciones financieras, mantener registros confiables y facilitar la entrega de los reportes exigidos por las disposiciones legales.

La presentación se realizó en el Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC), con la participación de representantes del Pleno de la JCE, las direcciones de Control Financiero e Informática y la empresa GROW IT, responsable de la implementación tecnológica.

El proyecto está contemplado en el Plan Estratégico Institucional 2024-2028, específicamente en el Pilar 3, objetivo estratégico 3.4, que procura fortalecer el acompañamiento a las organizaciones políticas para mejorar sus procedimientos administrativos y financieros.

Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, director de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, explicó durante la presentación que la plataforma busca facilitar los procesos de gestión de las agrupaciones y contribuir a que estas suministren información financiera más confiable.

Sin embargo, la publicación institucional no establece una fecha límite para que todas las organizaciones completen su incorporación a la nueva herramienta ni detalla un calendario de migración por etapas. Por tanto, el anuncio acredita su presentación y puesta en marcha como iniciativa tecnológica, pero no permite determinar públicamente el porcentaje de partidos que ya completó su integración.

Fiscalización y seguimiento de los recursos

La supervisión financiera de las organizaciones políticas no se limita a verificar cuánto dinero reciben del Estado. También comprende el seguimiento de las contribuciones privadas, las donaciones, los gastos administrativos y los desembolsos realizados durante las actividades ordinarias y los procesos electorales.

Para cumplir esta responsabilidad, la JCE cuenta con una Dirección Especializada de Control Financiero, encargada de comprobar que los partidos mantengan mecanismos internos de supervisión y que los recursos públicos sean utilizados conforme a las disposiciones legales.

Entre sus atribuciones figuran verificar las condiciones de las organizaciones para recibir financiamiento estatal, revisar sus sistemas de control interno y fiscalizar la distribución de los fondos, así como el cumplimiento de los presupuestos presentados.

La normativa también obliga a cada organización a disponer de un sistema contable que registre sus ingresos y egresos, incluidos los aportes recibidos en dinero o en especie.

Otro mecanismo consiste en mantener un registro de los contribuyentes, con sus datos de identificación, dirección y monto aportado. Esta información permite a las autoridades dar seguimiento al origen de las contribuciones y detectar posibles irregularidades.

A estas disposiciones se suma el uso del Sistema de Fiscalización Electoral (SIFE), desarrollado por la JCE para facilitar la presentación de los reportes financieros de partidos y candidatos durante los procesos electorales.

La herramienta SIFE contempla funcionalidades para organizar los presupuestos, utilizar catálogos de cuentas, verificar los datos de identidad de los aportantes y generar alertas cuando se detecten gastos que superen los límites establecidos. Estos mecanismos buscan reducir las posibilidades de registrar contribuciones irregulares o ejecutar desembolsos por encima de los topes permitidos.

La plataforma también procura facilitar el trabajo conjunto entre los responsables financieros de los partidos y el organismo electoral, de manera que la supervisión no dependa exclusivamente de las auditorías posteriores a la utilización de los recursos.

Transparencia del financiamiento público y privado

Uno de los principales desafíos de este proceso es garantizar que pueda identificarse quién financia a las organizaciones políticas y en qué se utilizan esos recursos.

La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece la obligación de llevar una contabilidad organizada y presentar informes detallados sobre los ingresos y gastos. Esta responsabilidad incluye los aportes provenientes del financiamiento estatal, las contribuciones particulares y los recursos generados por las propias organizaciones.

Por su parte, la Ley Orgánica 20-23 del Régimen Electoral establece, en su artículo 222, que los partidos deben depositar ante la JCE y mantener disponibles en formato electrónico sus informes sobre los ingresos y egresos realizados antes, durante y después de los procesos electorales.

La legislación también dispone que las contribuciones económicas sean personales y estén sujetas a límites. Ninguna persona física, empresa o institución puede realizar aportes electorales a nombre de terceros, una disposición orientada a identificar a los verdaderos financiadores de las actividades políticas.

En cuanto al financiamiento estatal, la distribución de los recursos está sujeta a criterios legales sobre su utilización. Entre las obligaciones establecidas se encuentran las partidas destinadas a gastos administrativos, formación política y apoyo a las candidaturas, según corresponda al período electoral.

La publicación de los informes financieros en los canales institucionales constituye otro componente de este esquema, pues permite que la ciudadanía tenga acceso a información sobre el manejo económico de las organizaciones.

Los plazos que deben cumplir los partidos

La incorporación de herramientas tecnológicas no sustituye las obligaciones contables que ya establece la legislación. Los partidos deben continuar cumpliendo los plazos de presentación de presupuestos e informes financieros.

Entre las fechas establecidas se encuentran:

  • 10 de febrero de cada año: fecha límite para depositar el presupuesto general no desglosado correspondiente al período presupuestario, acompañado de los programas que desarrollará la organización.
  • 30 de junio de cada año: fecha límite para presentar la relación detallada de los ingresos y gastos correspondientes al ejercicio presupuestario anterior.

El incumplimiento de la presentación de los informes financieros tiene consecuencias sobre el acceso al financiamiento público. La Ley 33-18 establece que la JCE no podrá entregar los recursos correspondientes a una organización que no haya cumplido con esta obligación dentro del plazo legal.

Para el ejercicio de 2026, la resolución 01-2026 de la JCE estableció el 10 de febrero como fecha límite para depositar los presupuestos de ese año y el 30 de junio para entregar los informes financieros correspondientes a 2025.

En consecuencia, las organizaciones deberán presentar sus presupuestos de 2027 a más tardar el 10 de febrero de ese año, mientras que los informes correspondientes a 2026 deberán depositarse antes del 30 de junio de 2027.

En el ámbito electoral, la Ley 20-23 contempla obligaciones adicionales para los partidos y candidatos, entre ellas la presentación de presupuestos de campaña, la identificación de posibles fuentes de ingresos y la rendición de cuentas sobre los recursos recibidos y ejecutados.

El reto de convertir la digitalización en transparencia efectiva

Aunque la incorporación de plataformas tecnológicas representa un avance en la supervisión de las finanzas partidarias, el desafío para las autoridades electorales consiste en garantizar que la información suministrada sea completa, verificable y presentada oportunamente.

Una evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicada en 2026 sobre la integridad institucional de República Dominicana, identificó debilidades persistentes en la calidad y uniformidad de los reportes financieros de las organizaciones políticas.

El documento advierte que todavía existen dificultades para verificar determinados gastos, identificar plenamente a los aportantes y obtener información suficientemente detallada sobre las operaciones económicas de algunos partidos.

También señala que la existencia de mecanismos de rendición de cuentas no garantiza por sí sola su cumplimiento, por lo que recomienda fortalecer las auditorías, la capacidad de fiscalización y la aplicación de sanciones.

En ese escenario, la nueva plataforma presentada por la JCE representa una herramienta para avanzar hacia un mayor control de los recursos que circulan en las organizaciones políticas. Su efectividad dependerá de que los partidos adopten los mecanismos de registro, suministren información verificable y cumplan con las obligaciones establecidas por la legislación electoral.

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